El presente informe ha sido elaborado
por el Programa de Niñez Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - UNLP[1] con el
objetivo de evaluar de manera crítica el modo en que la falta de implementación
del Sistema de Promoción y Protección
Integral de Derechos de la Niñez (SPPDN) profundizó los efectos de la
inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata. Dicho Programa
tiene por finalidad trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas
públicas de Derechos Humanos, desde el conocimiento y el trabajo concreto con
niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad en la ciudad y barrios
periféricos del mencionado partido a través de organizaciones sociales y de
derechos humanos que realizan trabajo territorial. Desde este espacio, entre
otras tareas, hemos trabajado en el asesoramiento, acompañamiento y
construcción de herramientas formales para la
restitución de derechos de niños y niñas con derechos vulnerados y sus
familias, junto a las organizaciones sociales que trabajan en los territorios
de extrema vulnerabilidad en la ciudad de La Plata y alrededores.
Las inundaciones acaecidas el pasado 2 de abril en algunos barrios de
la periferia y en el casco urbano de la ciudad de La Plata, pusieron de
manifiesto la violación sistemática a los derechos humanos que venían sufriendo
cientos de niños, niñas y adolescentes de esta jurisdicción como consecuencia
directa de la omisión por parte de los organismos municipales y provinciales de
implementar el sistema estatuido a
partir del dictado de la Ley 13.298[2]. Dicha
omisión se puso
en
evidencia en al menos tres sentidos: 1) la ausencia de políticas públicas
integrales y, a la vez, especializadas para atender de manera integral la
situación de niñas y niños; 2) la falta de una perspectiva de la niñez en la
reacción ante la emergencia; 3) el déficit de información – que aún
hoy
persiste – sobre la situación sanitaria y psicosocial de las niñas y niños
afectados.
La ausencia de planificación, coordinación y puesta en marcha del
SPPDN constituye en sí misma una violación a los derechos humanos que genera
consecuencias irreversibles en la vida de los mencionados actores, tal como lo
establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC), la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia (CIDN), y el Marco de Acción de Hyogo 2005/2015, entre otros. Una
cuestión que se ha visto agravada de manera exponencial en casos de desastre
como el que estamos mencionando.
Al respecto cabe recordar que si
bien es el Estado Nacional quien garantiza la aplicación de estas normas frente
a la comunidad Internacional, en virtud de lo dispuesto por diversa normativa
internacional[3]
y diversos fallos[4],
tanto el gobierno provincial como el municipal se encuentran legalmente
obligados a la creación y fortalecimiento de dicho Sistema a través de la
coordinación de acciones intersectoriales e interjuridiccionales, y la
administración de los recursos públicos de manera descentralizada para la
promoción de los derechos de todos los niños y niñas. Asimismo, la utilización
prioritaria de los fondos públicos debe hacerse en favor de aquellos (niños,
niñas y jóvenes) que presenten sus derechos vulnerados, en concordancia con el
deber que pesa sobre el Estado de “...adoptar medidas positivas, concretas y
orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna” (Corte IDH, Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (Fondo), sentencia del 17-6-2005,
Serie C N° 125, párr. 162 y sus citas; asimismo: párrs. 161, 163, 168, 172,
176, 221 y sus citas; en sentido análogo: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
vs. Paraguay (fondo), sentencia del 29-3-2006, Serie C N° 146, párrs. 151/153)”[5] En este
sentido, se observa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido
recientemente que “entre las políticas a
adoptar ante una crisis -...- se encuentra la protección de las personas y las
familias afectadas por [ésta], en particular
las más vulnerables”[6]
En el caso que nos convoca, estas
acciones deben ser llevadas a cabo a través de la Secretaría de Niñez y
Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, y la Dirección de Niñez de la
Municipalidad de la ciudad de La Plata. En este sentido, el Servicio Local de
Niñez y Adolescencia, dependiente del municipio, tiene a su cargo el trabajo en
los barrios donde residen los niños, niñas y adolescentes que poseen derechos
vulnerados, y debe realizar un plan de acción integral para cada caso,
utilizando la red local, que se nutre con las instituciones barriales:
escuelas, unidades sanitarias, clubes, organizaciones sociales que trabajen en
el territorio, iglesias, entre otros.
Sin embargo, como veremos a
continuación, este Sistema nunca ha funcionado.
2. Antecedentes de una tragedia anunciada.
Puestos a indagar, encontramos que la tragedia del 2 de abril pasado
estaba anunciada por un conjunto de antecedentes jurídicos y
socio-territoriales.
Respecto a los antecedentes jurídicos, en la ciudad de La Plata aún no
se ha implementado el SPPDN, no obstante contar con un generoso marco normativo
a través de lo dispuesto en la Ley 13.298.
Lo antedicho ha quedado demostrado
expresamente en el marco de un proceso judicial que lleva más de cinco años y
que posee sentencia firme, en relación a los reiterados incumplimientos y daños
imputables al Estado Municipal y Provincial por la vida y los derechos humanos
de los niños y niñas a su cargo (Ver sentencia del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo N° 1 de La Plata del 22 de mayo de 2012 “Asoc. Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y
Otros s/ Amparo”, Expte N° 15928/08).
En dicho proceso se sustanciaron
pruebas que reflejaron la ineficacia e ineficiencia estatal en relación a la puesta en marcha de
políticas públicas de derechos humanos para los niños y niñas de esta ciudad
tendientes a evitar daños irreparables en casos como los de la inundación
pasada, y que viabilicen el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales
(salud, vivienda, educación, trabajo, entre otros) sin separarlos de su comunidad
y familias.
Un reflejo irrefutable de la
ineficacia en la implementación de las políticas de niñez en nuestra región es
el notable agravamiento de las condiciones deficitarias de vida, sumado a ello
la muerte probada de algunos de los niños, durante la sustanciación del proceso
judicial de referencia.
Las distintas acciones judiciales,
administrativas e intervenciones en los barrios realizadas desde el Programa de
Niñez de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, intentan
demostrar que la ausencia de políticas públicas de acceso a los derechos
humanos de estos mismos niños, niñas y de sus familias, se traduce en una
continua capitalización desde el sistema penal, la cual se estructura a partir
de la implementación de una respuesta represiva, como herramienta privilegiada,
a la hora de pensar el desarrollo de una política pública destinada a lidiar
con la cuestión de la niñez, incrementando inestimablemente el daño para este
grupo etáreo.
De esta forma, se observa que frente al déficit de una política seria
de derechos humanos
que
asegure el acceso igualitario de todos los niños y niñas a las condiciones
mínimas para una vida digna, resulta sumamente perverso que la presencia del
Estado solamente se materialice a través de las fuerzas de seguridad en los
barrios.
En definitiva, el Estado no sólo
omite implementar políticas públicas que permitan el acceso a condiciones de
vida digna a sectores que padecen una alta vulnerabilidad social sino que,
además, oculta su ausencia a través de su brazo armado, violentando el
principio que sostiene que el derecho penal debe ser siempre la “ultima ratio”,
al entenderse que la imposición deliberada de dolor por parte del Estado
requiere de una justificación extrema, pudiendo incluso discutirse en contextos
de extrema desigualdad en los cuales el uso de la policía por parte del
gobierno jamás puede ser legítimo[7].
De esta forma, se termina
criminalizando la pobreza y privando de libertad a los jóvenes más vulnerables.
Es necesario recordar que el Estado
no puede excusarse por falta de recursos, estando obligado a atender a los
niños, niñas y jóvenes, en cualquier circunstancia de riesgo de manera
absolutamente prioritaria.
Esta prioridad, que algunos autores denominan “discriminación
positiva”, se sustenta sobre la base de entender que ante la existencia de
grupos vulnerables, resulta imperativo el trato preferente de estos por parte
de los organismos estatales, debiendo entenderse como una extensión natural el
hecho de que, ante un escenario fáctico en el cual existen recursos limitados,
los mismos deban distribuirse y utilizarse poniendo especial énfasis en los
sectores más vulnerables de manera prioritaria. Dicha dinámica, a su vez, se
encuentra reforzada respecto de la población infantil en clara referencia al
principio rector del “interés superior del niño” (artículo 3° de la Convención
sobre los Derechos del Niño).
Adicionalmente, el abordaje debe ser integral y por ello el Estado en
sus distintos niveles se encuentra en la obligación de articular acciones y
disciplinas diversas con el objetivo de que a través de las políticas públicas
se promuevan de manera clara los derechos de la niñez y la juventud, tarea que
debe realizarse preferentemente en el seno de su comunidad y su círculo familiar
y a través de operadores especializados en materia de niñez y acciones de
promoción de derechos humanos interdependientes entre sí, conforme los
lineamientos plasmados por los art 3 y 15 de la Ley 13.298 y art. 3 inc. F de la Ley 26.061.
En cuanto a los antecedentes socio-territoriales, mediante las tareas
llevadas adelante por el Programa de
Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, hemos relevado que las
principales problemáticas abordadas se vinculan al acceso a una vivienda digna
respecto de personas en situación de calle producto de las prácticas de los
desalojos ; a las dificultades referidas al acceso a tratamientos en salud
mental y adicciones; a padecimientos relacionados con la violencia de género; a
problemas de nutrición infantil, a la separación de niños y niñas de su grupo
familiar por cuestiones de pobreza; a medidas de adopción irregulares, a
dificultades para la realización de trámites administrativos, entre otras.
Las cifras duras indican que hemos acompañado a 364 familias y 768 niños,
niñas y adolescentes[8]. Además,
hemos relevado que, de la totalidad de los casos abordados, las vulneraciones
más frecuentes a los derechos humanos se vincularon a: 62% al derecho a la
salud, 59% al acceso a la vivienda digna y/o casos de desalojo, 28% al derecho
al trabajo, 26% a la familia e identidad, 23% a la educación, 21% a la
alimentación.
En efecto, nos encontramos con
situaciones regulares que evidencian el problema urgente de generar políticas
públicas para afrontar el déficit urbano habitacional, debido a la escasez,
calidad insuficiente y/o inaccesibilidad de condiciones materiales, servicios y
espacios aptos para la construcción de un proyecto de vida digna de amplios
sectores de la población con la que trabajamos. En este sentido, relevamos que
en la totalidad de los casos donde verificamos problemas habitacionales, dicha
afectación se hallaba vinculada a/o desencadenaba la lesión a
otros
derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, al trabajo, a la
educación, etc. poniéndose de manifiesto que los Derechos Humanos son
universales, indivisibles e interdependientes.
Del mismo modo, de las consultas
recibidas en nuestro Programa, confirmamos que en los casos en que existen
problemas de vivienda digna, la dinámica de la interdependencia de los
derechos, muestra que, desprotegido uno de ellos se pierden los restantes, en
un proceso de creciente vulnerabilidad jurídica que tiende a consolidar la
desigualdad social, que pasa a convertirse en persistente, de lo cual se
desprende que, efectivamente, “... la
existencia real de cada uno de los derechos humanos sólo puede ser garantizada
por el reconocimiento integral de todos ellos”[9].
Entre las acciones implementadas por el programa Niñez, Derechos
Humanos y Políticas Públicas de la FCJyS de la UNLP a raíz de las inundaciones,
se presentó un pedido de ejecución de sentencia en la Acción de Amparo “Asoc.
Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Otros s/ Amparo”,
Expte N° 15928/08.
Este proceso judicial ha insumido hasta ahora 5 años, lleva más de 20
cuerpos, 5.000 fojas e intervenido decenas de funcionarios judiciales, entre
ellos jueces, agentes fiscales, defensores oficiales, asesores de incapaces,
funcionarios de la Provincia de Buenos Aires; variados funcionarios de la
Municipalidad de La Plata; diversas Cátedras de la UNLP, entre otros.
El 22 de Mayo de 2012 el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo n° 1, Dr. Luis Federico Arias dictó sentencia “condenando a la
Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del
plazo de seis (6) meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para
la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de
los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata”.
De las pruebas producidas, emergió como una constante la escasa
cantidad de recursos, la precariedad de las intervenciones, la falta de
protocolos de actuación y la construcción diaria de estrategias basadas en la
improvisación, sin sustento en políticas públicas serias que permitan un
trabajo coherente y sostenido en el tiempo.
Sin embargo, las inundaciones han puesto de manifiesto que ni la Provincia de Buenos Aires ni la
Municipalidad de La Plata han realizado todas las acciones necesarias e
indispensables para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y
Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata,
incumpliendo de tal modo con la sentencia dictada.
En efecto, ante situaciones de crisis y catástrofes como la que hemos
padecido en la ciudad de La Plata, el Estado se encontraba obligado por virtud
de la normativa de niñez y la sentencia dictada por el Dr. Luis Federico Arias
a poner en marcha un plan de acción para prevenir daños irreparables en la vida
de estos niños (entre otros a través de medidas relativas a la vivienda digna y
servicios adecuados) y una vez desencadenada la inundación debió tomar todas
las medidas necesarias para prevenir y reducir daños en estos mismos niños, en
el seno de sus familias y comunidad (para prevenir y tratar, entre otras
afecciones las relativas a la salud, al derecho a no ser separados de su
familia y de su comunidad, el derecho a la educación, al trabajo de sus padres,
el derecho al esparcimiento, todos ellos sin discriminación entre otros).
Carecemos de información oficial que nos acerque a un conocimiento
cierto sobre de la cantidad de damnificados en los barrios afectados, la
cantidad de niños que han padecido lesiones a sus derechos humanos durante la
catástrofe, el plan de acción que se llevó y se llevará a cabo para reparar
dichos daños, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han desaparecido
durante dicho temporal, entre otros interrogantes. Por esto, solicitamos al
Juez, distintas medidas de prueba, para conocer fehacientemente el estado de
in/cumplimiento de la sentencia, y en definitiva, respecto de la obligación del
Estado Provincial y Municipal en realizar todas aquellas medidas necesarias
para la efectiva puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección
Integral del Niño de la Ley 13.298.
Entre las distintas de medidas
probatorias solicitadas, destacamos el pedido de informe a la Dirección de
Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata y a la Secretaría de Niñez
y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires acerca de: a) la cantidad de
niños, niñas y adolescentes, con los que se encuentran trabajando en la
jurisdicción de La Plata; b) con qué recursos humanos, económicos y de
infraestructura cuentan; c) si aumentaron los recursos económicos destinados partir del 2 de abril de 2013; d) si contaban
con un plan de abordaje de contingencias o protocolo previo al 2 de abril de
2013; e) Si a raíz de la inundación del 2 de abril y sus consecuencias, se
contactaron con las familias, niños, niñas y/o adolescentes con los que ya
venían trabajando; f) Qué daños fueron relevados con motivo del temporal del 2
de abril; g) Recibieron denuncias de niños, niñas y/o adolescentes
desaparecidos.
Se requirió al Comité de Emergencia,
al mando de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, para que
informe: a) Qué relevamiento, diagnóstico se realizó respecto de los niños,
niñas y adolescentes; y b) Qué medidas
se tomaron en relación a estos niños, niñas y adolescentes.
Se solicitó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
que informe: a) Si se reunió la Comisión Interministerial prevista en la Ley
13.298 con motivo del temporal del 2 de abril de 2013; b) Quienes la
conformaron; c) Qué acciones se emprendieron con relación a los niños, niñas y
adolescentes.
También se solicitó
que los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de ciudad de La
Plata informen acerca de las inasistencias del mes de abril, y si hubo alumnos
desaparecidos o muertos.
En las últimas décadas el impacto de los procesos de reestructuración
económica ha generado transformaciones en las ciudades, signado por procesos de
segregación espacial. Se constituyeron territorios diferenciados para sectores
de altos ingresos (barrios cerrados en las afueras y enclaves en los centros urbanos), espacios
para sectores pobres (asentamientos y villas) y zonas intermedias.
Particularmente, a partir de la instauración del neoliberalismo, la
desarticulación del Estado de Bienestar y la desregulación del mercado de
trabajo, el uso del suelo ha quedado a merced del mercado inmobiliario. Dicha
práctica ha expulsado a las clases subalternas a habitar zonas de la periferia
que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y exponen a la
población a instalarse de forma precaria en zonas anegables (en las cuencas de
los arroyos o bañados, por ejemplo).
Un aspecto importante es que la constitución de la periferia se
vincula con una serie de privaciones de su población: problemas en el acceso al
empleo y por ende en los ingresos económicos como sustento de los hogares, baja
capacidad de consumo, graves problemas de acceso al transporte público y a los
centros urbanos, deterioro de la calidad (o ausencia) de los servicios de salud
y educación, ausencia de infraestructura básica (cloacas, red de agua potable,
gas, electricidad, pavimentación, etc., entre otros).
De esta forma, se constituyen así zonas de vulnerabilidad social, lo
cual se traduce en el riesgo potencial o real de determinados grupos u hogares
de ser dañados ante cambios en situaciones externas o internas.
A su vez, las capacidades de hacer frente a la inseguridad social se
asocian al acceso a diversos capitales (económicos, culturales, sociales) y el
conjunto de oportunidades promovidas por el mercado, el Estado y la sociedad
civil (Busso, 2001[10]; Soldano,
2008[11]).
Estas situaciones, que son parte de procesos sociales más complejos,
resultan ilustradas a partir del estudio de Groisman (2009)[12] que
sostiene que a pesar de la recuperación económica vivida en el país entre los
años 2002 y 2008, esto no se manifestó en la distribución del ingreso, lo que
se explica por el funcionamiento del mercado laboral, que demandó trabajadores
con mayor calificación educativa.
Esto, a su vez, implicó la consolidación de la pobreza en un conjunto
de hogares que no pudieron acceder a empleos de alta calidad, lo que hizo que
vieran restringidas las posibilidades de acceso a viviendas dignas en zonas
urbanas no periféricas. A la vez que la segregación espacial limitó las
posibilidades de insertarse en ocupaciones más ventajosas.
En este contexto, los asentamientos urbanos forman parte de un
fenómeno que se encuentra en permanente expansión en la provincia de Buenos
Aires. Impulsados por la falta de vivienda formal, la dificultad de acceso al
suelo, la ausencia de políticas habitacionales
continuas y acordes a las necesidades de la población, en especial, de la que se encuentra
en situación de calle y no tiene opción en la ocupación de terrenos ociosos.
continuas y acordes a las necesidades de la población, en especial, de la que se encuentra
en situación de calle y no tiene opción en la ocupación de terrenos ociosos.
Estas son situaciones habitacionales irregulares, donde el hábitat es
absolutamente deficitario. Aquí, los asentamientos urbanos constituyen una de
las estrategias que la pobreza genera frente al desamparo de los poderes del
Estado y ante la ausencia de acciones y normas.
Desde lo jurídico, dicha situación se cristaliza y estratifica a
partir de la ausencia de garantías que imposibilitan el acceso a mecanismos
judiciales de defensa de los derechos humanos básicos que el Estado
insoslayablemente debe atender.
Podemos sostener que estas situaciones constituyen la expresión más
cabal de la violación a normas supranacionales de derechos humanos en materia
de vivienda adecuada, de salud, alimentación, educación, trabajo y ambiente
sano, todo lo cual contribuye a la construcción de un hábitat que traduce en sí
mismo el incumplimiento total por parte del Estado de la garantía al derecho a
la vivienda adecuada, en los términos planteados por el artículo 11 del PIDESC
y las demás normas supranacionales.
3. También la lluvia.
La situación descripta más arriba,
ha sido lamentablemente corroborada por las inundaciones del pasado 2 de abril,
las cuales terminaron poniendo de manifiesto la magnitud de la problemática
emergente por la falta de vivienda digna y adecuada.
A partir de entrevistas en
profundidad con informantes claves de las organizaciones sociales con las
cuales el Programa viene trabajando desde el año 2008, hemos relevado
situaciones concretas en relación a los derechos humanos de los niños y niñas
que habitan distintos barrios de la ciudad de La Plata.
Específicamente, luego de las intensas lluvias e inundaciones, las
organizaciones de referencia realizaron tareas solidarias en los siguientes
barrios:
La organización Movimiento 7 de Abril desarrolló tareas en el barrio
Altos de San Lorenzo (color negro en el mapa). Resistencia Cultural Barrial en
los barrios San Cayetano (Romero), Los Robles (Barrio Aeropuerto), La Cantera
(Hernández), 28 de Agosto (Arana) y El Olvido (Gorina)
(color
gris). El Frente Popular Darío Santillán- Corriente Nacional trabajó en el Casco
Urbano, Los Hornos, Villa Elvira, Villa Palihue , Barrio Aeropuerto, La
Aceitera, La Armonía (Arana), Ringuelet, Puente de Fierro, Altos del Sol,
Malvinas y Nini (color marrón) . Surcos- Casa Nuestramérica en diferentes
puntos de Los Hornos (137 y 57; 60, 64 y de 164 a 161), Villa Elvira (116 y 600
11 y 94, 16 y 608, 99 entre 9 y 10) Melchor Romero, (barrio Quom), 18 y 81, en
Altos de San Lorenzo y El Carmen (color violeta). Finalmente la Juventud
Guevarista desarrolló actividades en diferentes puntos de Villa Elvira
(Palihue, 19 de Febrero, barrio El Jardín, en 9 y 94, 7 y 601), Tolosa, La
Favela, Ringuelet, Berisso, El Triunfo, Gambier, y el Centinela (color rojo).
Como puede observarse en el mapa,
estos lugares coinciden con las zonas afectadas por la inundación. Esta
superposición se debe no sólo a la acción estratégicamente orientada por estas
organizaciones al acudir a las zonas donde se necesitaba ayuda. Se debe también
a que éstas eran
las
zonas donde previamente se encontraban realizando trabajo territorial de
diversa índole, debido a que allí se halla la población empobrecida de la
región.
Como veremos, los daños sufridos con el temporal del 2 de abril se
relacionan directamente con los grados de vulnerabilidad preexistentes.
La cantidad de damnificados varió según las zonas relevadas, pero de
los testimonios puede sostenerse que el porcentaje osciló entre el 50 y el 100
% de la población de los barrios. Según datos publicados en los medios locales,
se registraron entre 2.000 y 3.000 [13] evacuados,
distribuidos en 33 centros, y un número de damnificados que osciló entre 100
mil y 350.000 ciudadanos[14] (es decir
entre el 15% y el 55% de la población total del partido según datos del censo
2010). Esta cifra varió además por la cercanía a arroyos y cuencas acuíferas
subterráneas y/o entubadas.
“…vos podes ver zonas enteras donde el 100% de la
población fue damnificada, y zonas no una o dos cuadras, sino manzanas enteras
donde el 100% de la población fue damnificada. Todas las veras de los arroyos,
(…) prácticamente dos manzanas pegadas a los arroyos en todos lados perdieron
todo. Son los lugares donde se concentran los muertos, en las veras de los
arroyos principalmente. (…)” (Facundo Ramos, FPDS-CN)
Al intentar cuantificar y evaluar la
magnitud de los daños, la precariedad de las casas (casillas de madera o chapa,
muchas con piso de tierra, sin servicio de cloacas o agua de red[15]) se vio
más afectada ante niveles de agua que superaron el metro de altura y que en
algunas zonas crearon fuertes corrientes que impactaron tanto en los bienes
materiales, como en la vida de las personas.
“En gran parte de estos barrios se vive en
casillas de madera, así que la gente perdió todo. Se quedó solamente con la
madera mojada en los costados de las casas. Con lo cual (…) Pérdidas de todo tipo, colchones, ropa,
muebles. De las casas quedó solo la madera”.
(Nicolás Salas, Movimiento 7 de abril).
Pero no sólo se trató de daños
materiales. También se vio fuertemente afectada la salud de centenares de
niños, niñas y adultos, además de los traumas psicológicos que dejan
catástrofes de este tipo.
“Y daños, hoy hablábamos incluso daños
psicológicos de los chicos que los vecinos contaban que el otro día cuando
empezó a llover de nuevo, tres días después del temporal, todo los chicos se
largaron a llorar.”(Facundo Ramos, FPDS-CN)
Otro
punto que amerita especial énfasis, son las desiguales posibilidades de
restitución de las pérdidas en relación a la condición socioeconómica de la
población afectada. Mientras entre los sectores de clase media y media alta la
capacidad económica relacionada con altos ingresos, estabilidad laboral,
seguros, cobertura de salud, propiedad del inmueble, etc., facilita la
capacidad de recomposición a mediano plazo, la situación de las clases
subalternas es mucho más compleja debido a la acumulación de déficits de todo
tipo. En palabras de los entrevistados:
“La
diferencia que hay entre los barrios del centro, que se vieron bastante
afectados, es que en esos barrios la gente tiene un trabajo estable, tiene un
montón de cosas entonces, la gente nos decía:
`déjennos lo necesario para pasar esta noche y mañana, nosotros podemos
salir adelante. Vayan a los barrios que más lo necesitan´. Pero de todas
formas, en todas las casas se perdió todo. Algunos con posibilidades de
recuperarse en menos tiempo, y otros en tener que empezar de cero. Pero el desastre fue igual
en todos lados.” (Agustín Santarelli, Ariel Frate, Juventud
Guevarista).
De esta forma, el impacto provoca la vulneración de los derechos de
las personas no solo durante el evento sino posteriormente, ya que se
comprometen las posibilidades y capacidades para su superación por el
incremento de la fragilidad de las condiciones previas y el impacto propio
del fenómeno.
Si se analizan las medidas económicas propuestas por los
gobiernos municipal, provincial y nacional muchas de ellas sólo resultan
factibles de ser utilizadas por algunos sectores sociales que no son los más
vulnerables, éstos últimos son los primeros sujetos a los que el Estado debe
destinar de manera prioritaria sus recursos, sin perjuicio de ello, se
ordenaron como medidas de urgencia la exención del pago de impuestos
inmobiliarios o urbanos y créditos bancarios[16].
Por su parte los sectores de clase
media baja que habitan zonas del centro y periferia de la ciudad, con trabajos
precarios, sin propiedad de las viviendas que habitan, sin cobertura de salud,
etc., se vieron con grandes perdidas materiales y sin acceso a muchos de los
subsidios y prestaciones.
Finalmente los sectores más
empobrecidos, vieron muy agravadas sus condiciones ya precarias de hábitat, en
este sentido resultan esclarecedores algunos testimonios:
“Cuando
vos vas alejándote y acercándote a zonas en las que hay poblaciones que viven
en condiciones de mayor marginalidad, precariedad, la situación se va volviendo
cada vez más grave, porque pierden absolutamente todo lo que tienen y no tienen
capacidad de recuperarlo. Esa gente que vive que no tiene laburo o que tiene un
laburo muy precario, que son inmigrantes ilegales, por decirlo de alguna forma,
que viven en las veras de los arroyos, que no tienen una infraestructura
apropiada en sus casas es claramente la gente que más sufrió. Y dentro de esos
sectores lo niños y los ancianos fueron los más perjudicados. A nivel
económico, a nivel salud, a nivel emocional, quedaron destruidos.”
(Facundo Ramos-FPDS-CN)
“Lo
que esto dejo a la luz es la situación de precariedad en la que viven un montón
de vecinos de La Plata, de toda la periferia que ya es previa a la inundación y
esto lo que hace es agravar muchísimo más. Estuvimos también con algunas chicas
de medicina, que estuvieron trabajando en los barrios y había gente con problemas
de salud que en realidad venían con problemas desde hace dos años o más, no
estaban medicados, no tenían ningún tipo de atención. Una situación de pobreza
y total vulnerabilidad previa.” (María Emilia Nieto
y María Amparo Torres, Surcos Casa Nuestramérica).
Muchos de los daños se vincularon directamente con omisiones u
acciones estatales y privadas. Se pueden enumerar las obras de infraestructura
hídrica no realizadas y denunciadas oportunamente por la Facultad de Ingeniería
de la UNLP. Pero también es menester señalar el deficiente manejo de los
basurales (sectores donde se acumula la basura de manera informal pero que
concentra gran parte de los desechos urbanos), como el caso denunciado por el
Movimiento 7 de Abril en el barrio Altos de San Lorenzo o el reclamo no
satisfecho de los vecinos de Los Hornos por el entubamiento de un zanjón,
denunciado por el Frente Popular Darío Santillán.
Muchas de esas zonas se inundan con lluvias de menor intensidad a las
del 2 abril pasado, en las que los vecinos sufren pérdidas parciales y muchas
veces definitivas que implican graves problemas en la dinámica familiar. A su
vez, las severas condiciones sanitarias de los barrios se vieron agravadas:
“Antes
de la inundación lo que teníamos eran enfermedades que ahora se van a empezar a
acentuar más todavía con lo que sucedió. Problemas en la piel, dermatitis,
todas esas cosas siempre sucedieron en el barrio y ahora se acentúan. Lo mismo
con la gastritis, la neumonía, los problemas respiratorios de los niños, todo eso
ya venía por la infraestructura de las casas, por el estado de los hogares, de
los terrenos, de la contaminación y ahora con la inundación se profundiza más”.
(Marina Cabral y Lorena Torno, Garabatos de la Aceitera en FPDS-CN)
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
propone definir un desastre como:
“Una
seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos
materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o
la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus
propios recursos.”
Se enfatiza también el hecho que un desastre es un fenómeno complejo,
ya que su ocurrencia y posibles impactos están signados por el grado de
exposición a una amenaza de origen natural (para el caso que estamos tratando),
las condiciones de vulnerabilidad existentes en la comunidad y/o Estado
combinado con las capacidades o medidas insuficientes para reducir o afrontar
el impacto negativo sobre ese territorio. Las afectaciones que los desastres
pueden tener para una comunidad o sociedad son de diversa índole: pérdidas
humanas, materiales, de infraestructura, de medios de producción, en el
desarrollo general del Estado y de las personas en particular sufriendo una
alteración parcial o total de sus medios de vida y costumbres.
La magnitud de estos fenómenos y los peligros representan una amenaza
para el desarrollo humano y de la región en su conjunto. Se vuelve ineludible y
urgente la actuación sobre esta problemática a nivel de los Estados, los
organismos internacionales y la Sociedad Civil de manera coordinada.
Se debe reconocer la importancia también de garantizar mecanismos
efectivos y eficientes para el despliegue de la ayuda humanitaria. Esto
requiere de un máximo esfuerzo de los Estados principalmente en términos de
coordinación y articulación para garantizar el acceso de la población afectada
a dicha asistencia y que no se tornen en un problema mayor que entorpezca la
recuperación.
Para el Instituto Interamericano del Niño (IIN) y los representantes
de los Entes Rectores de Niñez y Adolescencia, constituye un doble desafío: el
de incidir en la políticas sobre gestión de riesgo de desastre, con particular
atención a manejo de desastre y emergencia complejas, por un lado y, por el
otro, incorporar en su propia institucionalidad la gestión del riesgo de
desastres como una perspectiva transversal a los programas y acciones
existentes de promoción y protección de los derechos de la niñez y la
adolescencia.
En definitiva, es necesario recalcar que los desastres no son
‘naturales’. En el desencadenamiento del desastre existen una multiplicidad de
factores que lo provocan, entre ellos: la exposición a una amenaza, las condiciones
de vulnerabilidad presentes y las capacidades o medidas insuficientes para
reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas.
La gestión del riesgo implica reconocer las causas de los desastres en
los fenómenos naturales y en las consecuencias de las acciones humanas. Para
reducir las condiciones de riesgo
son
fundamentales las capacidades institucionales, para ello debe incorporarse de
manera transversal en las políticas y programas de desarrollo local, nacional y
regional, la perspectiva de todos los sectores vulnerables en particular la de
los niños y jóvenes.
Además, en contextos de riesgo y desastre, deben tener un lugar
protagónico las necesidades, derechos e intereses de la niñez y la
adolescencia, todo lo cual debe estar reflejado en las acciones de prevención,
respuesta y recuperación.
Esto es de vital importancia, dado que en contextos de desastre,
existe una propensión a la vulneración de derechos de la niñez y la
adolescencia, que profundiza brechas y desigualdades preexistentes.
Una vez acontecido el desastre, los niños y niñas que quedan solos, se
ven expuestos a situaciones de abuso, violaciones, trata, migraciones, o
reclutamiento forzado, entre otros riesgos. Es necesario desplegar
inmediatamente ocurrido el desastre mecanismos de atención y respuesta que los
protejan.
En este sentido, resulta llamativo el hecho de que las experiencias
más exitosas suelen ser aquellas que se desarrollan coordinadamente entre los
Estados, las agencias de cooperación, y la sociedad civil. Esta necesidad se
puso negativamente en evidencia con: la ausencia de políticas públicas
específicas; la falta de una perspectiva centrada en la atención especializada
de la niñez; el déficit de información y comunicación necesarias para operar
ante del desastre. En las siguientes secciones desarrollaremos en profundidad
cada uno de estos tres aspectos.
4. La ausencia de políticas públicas para atender
la emergencia de manera integral y las acciones de las organizaciones
territoriales frente a la respuesta informal del Estado.
A partir de la lectura de los medios de comunicación escritos de la
primer semana posterior al temporal[17] se pueden
analizar las medidas implementadas por las diferentes esferas gubernamentales
ante la catástrofe.
Las primeras acciones anunciadas se relacionaron con la creación del
martes 2 a la noche del Comité de Crisis de Seguridad, coordinado por el
Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Este comité dirigió las
primeras medidas urgentes: rescate de víctimas, traslados a los centros de
evacuados (conformados por 33 centros abiertos por el Municipio en escuelas y
delegaciones comunales) y control del territorio. Los trabajadores convocados
fueron Defensa Civil,
y la
policía bonaerense (coordinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad,
según dicta el protocolo de actuación del Consejo Provincial de Emergencias que
preside Martín Ferré) a lo cual se le sumó
Prefectura, Gendarmería y el Ejército desde la esfera Nacional. Su objetivo
fue desplegar un “amplio operativo de
prevención y seguridad ciudadana con 400 policías, reforzados con el grupo
Halcón y efectivos de Gendarmería que vigilarán las zonas afectadas desde
anoche, ante el temor en la población por sus hogares, varios de los cuales
quedaron vacíos por las evacuaciones”[18].
Es llamativo que las primeras declaraciones tanto de la Presidencia de
la Nación como del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se señalara la
exigencia de los vecinos afectados de un dispositivo de seguridad por temor al
ataque de desconocidos (con “caras extrañas”[19]) para lo
cual el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, sostuvo que
“Todos
aquellos que tuvieren alguna intención de estrago les ponemos una advertencia:
que la policía, gendarmería y prefectura estarán atentos”[20].
En un sentido similar encontramos las percepciones de los
entrevistados:
“Hoy
la ayuda no está llegando, la única orden que hay desde provincia es movilizar
a toda la policía bonaerense o a gendarmería, pero no para ayudar a los vecinos
que más lo están necesitando, sino para resguardar supermercados, empresas, que
tienen miedo a que les roben, que hoy no están pudiendo ayudar a los barrios
gente que tendría que estar capacitada para hacer eso, y no lo están haciendo.
Están dispuestos a reprimir.” (Laura D’Emilio, FPDS-CN)
El día miércoles durante la tarde,
se realizó el saqueo de un supermercado en Tolosa, lo que motivó el aumento de
la presencia policial. Luego hubo un intento de saqueo en otro supermercado
cercano y la policía actuó reprimiendo a las personas con gases lacrimógenos.
Por otro lado, se efectuaron diversos cortes de calles en diferentes puntos de
la periferia de la ciudad exigiendo el reanudamiento de los servicios públicos
o la asistencia estatal.
Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en sostener que no
encontraron a los agentes estatales en los barrios, marcando una “ausencia
total del Estado”. Consideramos que hubo
una respuesta estatal, pero que esta estuvo signada por las estructuras, modos
de organización y acción incorporados, rutinas institucionales, tradiciones,
etc.
En primer lugar la estructura gubernamental territorial más extendida
y con mayor capacidad de acción en la provincia es la policía bonaerense. Ya se
ha dicho en innumerables oportunidades la política de seguridad llevada
adelante por el gobierno de Scioli que fomenta la mano dura como único modo de
garantizar el acceso de los derechos de la ciudadanía. En este contexto de
emergencia las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio cumplieron tareas
de vigilancia, amedrentamiento y represión directa.
En segundo lugar no existen otras políticas de promoción social
consolidadas desplegadas en los territorios desaventajados de la ciudad. Tres
áreas estatales claves en la promoción de derechos humanos siguieron derroteros
desiguales.
El sistema de salud tuvo una presencia deficitaria. En las primeras horas del miércoles 3 de
abril, la Dirección del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria provincial
(como dicta el protocolo del Consejo de Emergencia del Ministerio de Desarrollo
Social) dispuso cuatro móviles con dotación completa de personal y medicamentos
en algunos puntos de la Ciudad (Tolosa, Villa Elvira, Los Hornos y San Carlos)
a la vez que el Ministro Collia sostuvo que los hospitales públicos estaban en
condiciones de atender emergencias y urgencias (aunque el Hospital Sor María
Ludovica se encontraba con serios problemas a causa de la inundación). A la vez
que el propio Ministro admitía la escasez de “recursos humanos.”[21] Días
después, el Ministerio de Salud dispuso el inicio de una campaña de vacunación
contra la hepatitis A y la leptospirosis.
El ministro de Salud nacional Juan Manzur, expresó que se detectaron
15 Centros de Atención Primaria totalmente destruidos por la inundación y
manifestó que se garantizaría la provisión de insumos y medicamentos para las
personas afectadas por el temporal. Asimismo, sostuvo que el Gobierno “cuenta
con un stock importante de vacunas” y que en el caso de La Plata no sólo se va
a priorizar la vacuna contra la gripe, sino también la antitetánica. Pero la
provisión de medicamentos y vacunas en los Hospitales Móviles era escasa y se
debió priorizar a la población de riesgo.
Debe destacarse que en contextos como el que analizamos, las
instituciones deben salir al encuentro de los vecinos afectados y no generar
mecanismos de atención centralizados, debido a la incapacidad o dificultad de
los damnificados de trasladarse así como la propia situación traumática que
exige que desde el Estado se realice un relevamiento de las principales
problemáticas.
Los Centros de Atención Primaria son uno de los pilares centrales del
acceso al derecho social a la salud. En nuestra ciudad existen centros
dependientes de la Municipalidad (que posee 46 centros de salud en diferentes barrios)
y de la provincia (15 hospitales y consultorios externos y CPA) y nación (1
Centro Integrador Comunitario en La Plata y dos en Berisso y Ensenada).
Los Centros de salud en los barrios periféricos de la ciudad no
realizaron tareas de relevamiento y atención de manera sistemática. Así lo
sostienen los propios entrevistados:
“Las
salitas de salud, había algunas que estaban con un enfermero, otras con un
médico de guardia sin insumos. Compañeros nuestros, médicos que fueron a
trabajar a las salitas y que prefirieron salir e ir a trabajar a territorio, a
recorrer casas, porque en las salitas no había insumos, estaban virtualmente
cerradas” (Facundo Ramos, FPDS-CN).
El sistema educativo tuvo una participación desigual. La titular del
Ministerio luego del asueto del día miércoles anunció que las escuelas que no
habían sido perjudicadas y no eran centros de evacuados reanudarían normalmente
las clases a partir del día jueves 4 de abril.
En la mayoría de los casos fueron las propias directoras o docentes de
las instituciones quienes pusieron a disposición las instalaciones para que
funcionaran como centros de acopio para los barrios, dando lugar a situaciones
divergentes:
“Había varias escuelas abiertas. Las escuelas
abrían por una decisión individual de sus propios directivos. Las escuelas
funcionaron de manera distinta de acuerdo al barrio y a la situación. No hubo
una dirección general.” (María Emilia Nieto y María Amparo Torres-Surcos)
Recién el día lunes 9 de abril algunas escuelas reabrieron sus puertas.
Docentes, junto con directivos e integrantes de los gabinetes psicopedagógicos
organizaron tareas que hicieron hincapié en la contención psicológica de los
alumnos y alumnas. Además, todos los colegios se convirtieron en centros de
recepción de donaciones.
Esta es una de las pocas medidas de refuncionalización de la
estructura estatal en función de la niñez, tomadas tardíamente y para una
población segmentada (aquella que poseía una escuela en condiciones y que podía
acercarse hasta ella).
Finalmente el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una participación
marginal. La misión de este Ministerio sería: “la determinación de las políticas de fortalecimiento de la economía
social, de la familia y de las organizaciones sociales y, en especial, la
protección de las personas discapacitadas, la igualdad de la mujer, el acceso a
la vivienda digna, el empleo, el bienestar de la población de la Provincia de
Buenos Aires y, en general, el pleno desarrollo humano, incentivando la acción
solidaria”, contándose entre sus objetivos específicos: “Atender situaciones de emergencia social
por razones climáticas o de extrema vulnerabilidad social o sanitaria”.[22]
La asistencia estatal a las personas damnificadas se resumió en
centros de evacuados, donde se daban chapas y alimentos. En este sentido, se
debe remarcar que se realizó un llamamiento desde el propio Estado a la
donación de mercadería, poniendo a disposición centros de recepción. Durante
los primeros 5 días desde todos los medios masivos de comunicación, se realizó
una convocatoria a la “solidaridad” de “los voluntarios” a ayudar, donando
materiales.
De este modo resultó confusa la apelación pública desde los distintos
niveles de gobierno a la ayuda solidaria de la población, a la par que se
invisibilizaba la obligación del propio Estado en la labor de articulación y
asistencia para el desarrollo, funciones indelegables de los gobiernos ante los
desastres naturales.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, informó que “se trabaja en conjunto con la Nación y el
municipio para asistir a los damnificados con agua potable, colchones y
frazadas” y anunció que “se
instalaron desde esta noche cocinas de campaña del Ejército para que todos
puedan tener un plato caliente de comida”.
Sin embargo tanto la Ministra de Desarrollo Social de Nación como su
par provincial, no anunciaron medidas relacionadas con programas de
contingencia, referidos a contención psico-social, reparación de viviendas
precarias, programas de promoción comunitaria, etc.
Cabe destacar que cada área de incumbencia está conformada por
diferentes niveles jurisdiccionales. En este contexto, se evidencia la ausencia
de una política de emergencia desde la Municipalidad de La Plata. El Comité
Operativo de Emergencia Municipal (COEM), creado a raíz de las inundaciones del
año 2008, tuvo una tarea deficitaria, al no tener un responsable en su
dirección ni contar con recursos propios[23].
Más allá de la ausencia de políticas públicas para actuar frente a la
emergencia, las organizaciones entrevistadas denuncian que la distribución de
la ayuda fue realizada principalmente por organizaciones afines al partido de
gobierno.
“Hoy
aparecieron algunos militantes y si los vecinos les hablan mal del gobierno, se
van y no vuelven. Si ven que no hay tantos problemas caen con mercadería. Lo
vemos principalmente con “Unidos y organizados”, les bajan mercadería a la
gente que es más proclive a verlos con buenos ojos. Están haciendo una
distribución y una discriminación. Hay una puja también entre el municipio y
nación a ver quién se lleva la mercadería y quién la reparte, bastante
nefasto.” (Nicolás Salas, Movimiento 7 de abril)
“No
llegó ayuda desde la Municipalidad, tampoco de Provincia, ni Nación. El día 4 de abril se pudo conseguir, por
contactos, que desde Desarrollo Social Provincial lleven un camión con agua
potable. El resto del aporte fue de la gente, de organizaciones como cruz roja,
caritas, de clubes deportivos y organizaciones políticas como Unidos y
Organizados. La delegación de Melchor Romero, se apropió de donaciones que
recibió la Cruz Roja para gestionarlas clientelarmente”.
(Nicolás Cuello, Resistencia Cultural Barrial).
“Todo
lo que es ayuda gubernamental llegó con 4 días de atraso de la inundación,
siendo que organizaciones sociales, ONGs hasta la Iglesia ha llegado antes.
Entonces o hay alguna razón por la cual decidieron atrasar la llegada de esa
ayuda o hay una incapacidad que habla directamente de una incapacidad de
gobernar.” (Facundo ramos FPDS-CN)
“El
problema principal fue la Delegación. La Delegación no abrió sus puertas.
Ninguno de los días desde el día que fue la inundación hasta ahora, no abrió
sus puertas, la delegada no apareció, justificó con que ella también se había
inundado. Pero la Delegación no asistió a ninguna familia y lo único que hubo
ahí fue la organización de los vecinos”.(Marina
Cabral, Lorena Torno, Garabatos de la Aceitera en FPDS-CN).
El Estado respondió con la estructura que tenía disponible, y los
agentes territoriales permanentes en los barrios, esto es, los punteros políticos. Varias denuncias circularon en torno a la
discrecionalidad y discriminación abierta en la distribución de mercadería
entre los vecinos.
“En
Ringuelet, en una escuela estaban los colchones y no se los daban a la gente
por disputas internas de los punteros locales. De hecho hubieron escenas de
violencia, todo. Y nosotros llegábamos con las donaciones que llegaban acá, al
Olga, que eran donaciones de gente que traía un colchón o dos, así y lo poco
que iba llegando y nosotros en un momento habíamos distribuido mas colchones
que el Estado, en uno de los lugares más afectados, a metros de donde estuvo
Cristina dando su discurso y a metros del Arroyo el Gato. Y el Estado los tenía
guardados los colchones adentro de una escuela, atrás de un vidrio y la gente
los veía y se ponían como locos. Y nadie
se explicaba por qué pasaba lo que pasaba, les decían que si querían usar los
colchones tenían que ir a dormir a la escuela y no se los repartían.” (Facundo
Ramos FPDS-CN).
Siguiendo el clásico estudio de Auyero
(2002)[24] entendemos
que los punteros desarrollan una mediación entre los agentes políticos locales
y los vecinos. A partir de la constitución de redes barriales, generan modos de
resolución de problemas, principalmente abasteciendo de bienes estatales
(alimentos y medicación) a los vecinos.
La figura del Estado se desdibuja, y el bien recibido no es visto como
el acceso a un derecho, sino un favor personal ofrecido por el puntero. Esta es la principal manera de
satisfacer las necesidades para grandes sectores de las zonas periféricas.
La legitimidad de los punteros
radica en la posibilidad de atender a las necesidades de determinada cantidad
de personas “cercanas”. Por ello en un contexto de crisis como el generado por
la inundación, estos mecanismos de resolución de conflictos no sólo fueron los
únicos disponibles por parte del gobierno en la llegada territorial, sino que
se vieron reforzadas las prácticas de discrecionalidad que son las que
regularmente fortalecen la legitimidad de estos agentes.
“…la
violencia que vimos fue la de los
punteros, por ejemplo en Tolosa a los bolivianos y paraguayos no les daban
cosas y a los argentinos sí. Es una violencia más marcada con tintes de
discriminación.” (Nicolás salas, Movimiento 7 de Abril).
“Incluso
ahora se esta viendo una interna entre los diferentes punteros que responden al
gobierno nacional y otros que responden a Bruera peleándose por quien
distribuía” (Agustín Santarelli, Ariel Frate, JG).
También consideramos, siguiendo a Mazzeo (2004)[25] que las
estructuras clientelares funcionan como un dispositivo de seguridad, que como
aparato de gobierno son una estrategia de poder cuyo sujeto de aplicación es la
población. Su función es la configuración y legitimación del consenso social y
político en los sectores subalternos. En este sentido entendemos las diversas
violencias desplegadas territorialmente en los días posteriores a la inundación
y en un clima de “ayuda solidaria”:
“Nos
decían: ‘chicos, no repartan Uds. porque les van a venir a pegar a Uds. para
que no repartan y no sean la cara visible, y sean ellos los que repartan’. Sé de compañeros que los han ido a patotear
de que ahí no vayan a repartir. Se logró dejar de hablar con el puntero y
empezar a hablar con otros vecinos que estaban alrededor de él y decirle
nosotros venimos a dejarles las cosas, no queremos nada mas que esto que es dar
una mano en lo que podemos, lo mínimo que podemos hacer. Y esa dificultad que
tuvimos con los punteros en los barrios, los vecinos nos ayudaron al decir:
‘pará, ellos vinieron a dar una mano, no te metas’.”
(Agustín Santarelli, Ariel Frates, JG).
Ahora bien, la presencia de los punteros
no fueron las únicas situaciones de violencia identificadas por las
organizaciones sociales.
“La
indiferencia del Estado es un marco de violencia en la desesperación de los
compañeros, de salir a reclamar que llegue el Estado y no llega”
(Nicolás salas, movimiento 7 de Abril).
“En
particular, grave y violento fue lo que vivenció el Barrio La Cantera que linda
con un barrio privado, un emprendimiento inmobiliario. Sucedió que este último
desagotó el agua de lluvia hacia calle 27 donde inicia el barrio, en lugar de
hacerlo a calle 25. Ese barrio privado tiene un muro altísimo y alambre de púa
como el de una cárcel.” (Nicolás Cuello, Resistencia Cultural Barrial).
“Bueno,
creo que la ausencia total de autoridades durante 4 días es una forma de
violencia clarísima. El hecho de que las autoridades sin dar respuestas estén
ausentes en lo que es asistencia al ciudadano, pero estén presentes a la hora
de defender los intereses de las empresas como los grandes supermercados, que
en muchos casos fueron saqueados o intentados de ser saqueados y hubo varias
represiones, y estén presentes a la hora de desalojar los piquetes o cortes de
ruta que los vecinos en muchos lugares organizaron en señal de protesta
intentado exigir una respuesta por parte del Estado.”
(Facundo Ramos, FPDS-CN).
“La
violencia es desde antes, es la ausencia de infraestructura que se venía
diciendo. Cuando llueve los pibes para ir a la escuela (a una cuadra) se
embarran hasta la rodilla. Y después que no asistieron, después de la
inundación.” (Marina Cabral, Lorena Torno, Garabatos de la
Aceitera en FPDS-CN).
“Ya
desde el hecho de llegar al lugar y ver en la precariedad en la que vive esa
gente, ya es una forma de violencia. También nos contaba la gente que pasaban
camiones de la municipalidad y revoleaban las cosas y seguían. Contaba gente de
Villa Elvira que ellos habían estado totalmente abandonados hasta el sábado que
llegaron los chicos y que incluso pasaban camiones con colchones y se paraban
en la mitad de la calle, que los pisen, pero no paraban.”
(María Emilia Nieto y María Amparo
Torres-Surcos).
En este contexto de informalidad estatal, un elemento interesante para
destacar es el surgimiento de la iniciativa y la puesta en marcha de la ayuda
solidaria por parte de las Organizaciones. Nos referimos al trabajo de las
organizaciones sociales como ayuda solidaria y sus intrínsecas diferencias de
la asistencia estatal desde el paradigma de los derechos humanos, aunque
consideramos que ambas tienen implicancias socio-políticas. En el caso de las
Organizaciones, estas se vinculan con un proyecto de construcción de poder
territorial y una trayectoria previa de creación de vínculos con las personas
que viven en los barrios. La relación existente entre sujetos que se reconocen
mutuamente, motivó la organización inmediata de la ayuda solidaria. Así, las
estructuras previas que se habían construido para resolver otro tipo de
problemáticas se refuncionalizaron ante la necesidad de distribuir la
mercadería, la urgencia de la atención sanitaria, así como reconstrucción de
algunas viviendas, entre los vecinos afectados.
“Cuando
pasó lo de la lluvia nos juntamos algunos compañeros porque ya la Casa
Guevarista es una referencia para nosotros y acudimos acá a decir ¿qué hacemos?
Y ya empezamos a hacer algunas cadenas de compañeros, no sabíamos muy bien la
situación porque no había comunicación, no había luz, no funcionaban los teléfonos.
Con los pocos que nos pudimos conectar, nos convocamos para el miércoles bien
temprano a las 7 y media. Acá empezamos
a hacer carteles a difundir a los vecinos que juntábamos cosas para donar, sin
dimensionar lo que había pasado. Al mediodía nos empezamos a organizar,
nosotros tenemos trabajo en diferentes barrios de la plata, en El Triunfo, en
Gambier, en Centinela, en Tolosa, en Los Hornos, con esos 5 barrios empezamos,
fuimos ahí porque tenemos referencia con los vecinos y demás, a ver cómo estaba
la situación. Empezamos por ahí, el miércoles a la tardecita, y después la
situación nos fue demandando…” (Agustín Santarelli, Ariel Frate, Juventud
Guevarista)
Cada Organización comenzó a ser centro de acopio de mercadería (desde
los medios de comunicación y el propio gobierno se solicitaban donaciones de
alimentos, ropa, colchones y agua potable).
Al ir a los barrios las organizaciones se encontraron con que no estaba
llegando la asistencia estatal o que lo hacía de manera muy deficitaria. Esto
ocasionó que en el caso de algunas organizaciones se decidiera realizar un
reclamo a las autoridades:
“Previo
a todo esto con motivo de la situación habitacional se conformó una mesa
barrial donde participan dos delegados por barrio elegidos por los mismos vecinos.
Desde RCB empezamos a tomar contactos con los referentes para organizar la
asistencia.” (Nicolás Cuello, Resistencia Cultural Barrial).
“…tenemos
una discusión en un plano un poco más político. Les decimos a los compañeros
que tenemos que organizarnos para salir a saldar los problemas mínimos que
tenemos, como era la falta de colchones.” (Nicolás
Salas, Movimiento 7 de Abril).
Al mismo tiempo que se organizaron
mecanismos de distribución de la ayuda a partir de la coordinación con
referentes barriales. Por ejemplo el FPDS-CN y Surcos coordinaron la
realización de Brigadas en los puntos donde ambas se encontraban trabajando:
“Las
brigadas eran fundamentalmente un grupo de militantes de la organización a las
que se sumaba un grupo de voluntarios que estaban dispuestos a ir a trabajar a
los barrios. Dentro de las brigadas se hacían equipos de salud con médicos y
estudiantes de medicina, odontólogos y psicólogos o estudiantes de esas
carreras, a esos se les asignaba tareas específicas. Y después en los lugares
donde existía algún tipo de contacto con algún vecino que estaba dispuesto a recibir a la brigada y
ayudarla a insertarse en el barrio, se hacía una base donde se instalaba una
olla popular. Se llegaron a instalar
hasta cuatro ollas populares en una brigada. Se hacía una copa de leche,
recreación con los niños y el laburo principal era desde la brigada salir a
recorrer casa por casa en los lugares más afectados, relevar las necesidades y
después ir y llevar los recursos, intentando racionalizar la distribución y
hacerlo lo más eficiente posible, llegando a
la mayor cantidad de damnificados, distribuyendo lo mas justamente
posible la mercadería que iba llegando. Se piden colaboraciones, lo que más se
necesitan son colchones, ropa de cama, agua y artículos de limpieza. Sobre todo
lo que es la zona de arroyos ya está habiendo enfermedades, entonces
medicamentos, antibióticos. (…) Tratamos de llegar, hacer un pequeño
relevamiento de cuál es la situación, de donde están las necesidades mas
urgentes, por ejemplo donde haya niños, mujeres embarazadas, o personas
ancianas o con discapacidad. Tratamos de hacer un mínimo relevamiento de eso,
ver si podemos ayudar a los vecinos a organizarse, donde nos prestan la casa o
que conocen a los propios vecinos. Entonces llegamos, nos ponemos en contacto
con eso y después caemos con la camioneta lo que tengamos y vamos repartiendo
de acuerdo a las necesidades que vemos que se tiene”.
(Facundo Ramos, FPDS-CN).
Todos los entrevistados remarcan la participación de voluntarios que
se acercaron masivamente a los centros de acopio a colaborar.
De hecho desde los medios de comunicación, locales y nacionales, se
realizó una convocatoria y se celebró la participación solidaria de la
ciudadanía. Discursivamente el lugar
dado a la “solidaridad” desdibujó la presencia/ausencia de la asistencia
estatal y los funcionarios responsables.
Como ya se dijo la vulnerabilidad social es un estado de segmentos de
la población socio-históricamente construido. Uno de los factores determinantes
son las políticas públicas promotoras de derechos humanos, cuyo objetivo debe
asentarse en la discriminación positiva de estos grupos y la puesta en marcha
de acciones que generen condiciones de posibilidad de acceso a sus derechos y
por ende de una vida dentro de los marcos de la ley.
5. ¿Los niños y niñas primero?
Desde un enfoque de Derechos, el ciclo de riesgo de desastres expresa
el lado negativo del desarrollo de una sociedad que no ha consolidado una
institucionalidad democrática, incluyente y respetuosa de los Derechos Humanos
de todos los miembros de la sociedad, especialmente de la niñez y
adolescencia.
Las causas sociales que influyen en que una amenaza de origen natural
se transforme en riesgo agudizan la vulnerabilidad intrínseca de niños, niñas y
adolescentes que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. La pobreza
entonces se vuelve tanto una causa como una consecuencia que incide en el nivel
del riesgo. Para los niños, niñas y adolescentes esto afecta directamente en su
vulnerabilidad y las condiciones básicas para el ejercicio de sus derechos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado de derechos
humanos y el Marco de Acción de Hyogo constituyen, articulados entre sí,
instrumentos que permiten operacionalizar la perspectiva de la niñez y
adolescencia en las estrategias de gestión de riesgo de desastres.
Los desastres impactan en distintos ámbitos de la vida nacional
(infraestructura vial, producción y distribución de alimentos, acceso a agua
potable y luz, acceso a la escuela, viviendas, entre otros), con consecuencias
diferenciadas según los distintos segmentos sociales y en consideración de las
condiciones y vulnerabilidades asociadas al género y edad.
La promoción de espacios
participativos permite el ejercicio de derechos y está estrechamente ligado con
la noción de ciudadanía. Se trata de reconocer a los niños, niñas y
adolescentes específicamente inmersos en una problemática pero también como
posibles promotores de su solución, como agentes de cambio.
La participación no solo es un principio fundamental tal como es
citado en el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, sino que
también es un medio para garantizar el ejercicio de todos sus derechos.
Vincular sus opiniones sobre el impacto e incluso recomendaciones para la
atención, en los enfoques de desarrollo y asistencia, aumenta las
probabilidades de cubrir sus necesidades y estimular su potencial de
integración como ciudadanos activos en la sociedad.
Es necesario que esta prioridad se vea reflejada en los instrumentos
normativos, en planes, programas y protocolos que orientan a las entidades
estatales para proceder de manera pertinente y efectiva hacia la niñez y
adolescencia incluyendo en las estrategias el enfoque de derechos y la atención
diferencial –y prioritaria- a niños, niñas y adolescentes
El modo en que el Estado Argentino se ha obligado a garantizar los
derechos de la niñez es a partir de la edificación de un Sistema de Promoción y
protección de Derechos para la Niñez. Aunque este Sistema debe coordinar las
tareas de las diferentes áreas ministeriales que garantizan los derechos
humanos de la infancia (acceso a la educación, salud, identidad, trabajo y
vivienda digna para las familias, etc.) a la vez que efectuar programas y
planes específicos en la restitución de derechos vulnerados. Como hemos venido
sosteniendo y ha quedado demostrado en el proceso de conocimiento efectuado en
el marco del Amparo Colectivo antes citado, este Sistema no se encuentra
completamente implementado en la Provincia y Ciudad de La Plata.
Esto se relaciona directamente con una pobre infraestructura y mal
funcionamiento de los Servicios existentes, respecto de lo cual es
menester observar que la ausencia de una
política pública consistente y sostenida en el tiempo destinada a la niñez, es
uno de los factores que amplia su vulnerabilidad.
En este sentido, según la Ley 13.298 y el Decreto Reglamentario N°
300/05, el SPPDN debe tener una inserción territorial concreta, para lo cual se
descentralizan los servicios locales en diferentes puntos de la ciudad. La
cantidad de Servicios Locales dependerá de un relevamiento estadístico sobre la
población infanto-juvenil y una
evaluación de las zonas de riesgo siguiendo la aplicación del índice de
vulnerabilidad. En la ciudad de La Plata, se firmó el convenio en el año 2008
para la creación de este Sistema y hasta la fecha no se cuentan con datos
oficiales de la población menor de 18 años ni de las necesidades y derechos
vulnerados, siguiendo una discriminación por zonas, origen, edad, etc.
En los últimos 5 años se han creado ocho Servicios Locales, sin mayor
justificación de las zonas de incumbencia. Estos Servicios no cuentan con la
infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar
correctamente. Una de las funciones de los servicios Locales es a partir del
trabajo sostenido en el territorio, la coordinación con las organizaciones
estatales y no estatales que se hallen trabajando en ese lugar. Además de
implicar una vulneración de derechos la ausencia de estos Servicios en los
barrios de la periferia platense, su presencia hubiera servido para coordinar
el trabajo de asistencia estatal y ayuda solidaria en las primeras 48 hs.
posteriores al temporal. A la vez que los trabajadores de los servicios deberían
ser aquellos agentes estatales que conocieran a las familias con derechos
vulnerados y esta información habría sido de vital importancia en la
intervención estratégica estatal. La sensación de ausencia estatal y de
abandono, consideramos se relaciona con este desconocimiento e incomunicación
previa a la inundación, con la ausencia de los agentes estatales estratégicos
en territorio.
De acuerdo a la evidencia recogida, la situación de la niñez ante la
inundación es identificada como de mayor vulnerabilidad por las propias
organizaciones:
“Muchos
chicos. El tema de la vacunación era terrible. A veces iban los hospitales
móviles y se vacunaban de todo lo que no se habían vacunado desde que habían
nacido. En los barrios se veía que había un orden de prioridad cuando llegaban
las cosas. Los chicos eran la prioridad”. (María Emilia Nieto y María Amparo Torres Surcos).
“La situación de los
chicos, digamos es como pasa siempre, están más vulnerados que los adultos.
Aparte del trauma que les toca vivir, que se estaban por ahogar y de la
situación crítica del momento. Después el abandono de todo lo que son las
políticas de niñez que no están teniendo, que no está habiendo contención.
Muchos chicos perdieron la ropa, las útiles escolares, los libros de la escuela.
Y lo que es la salud vemos que esta afectando mucho, y no se están acercando
médicos.” (Laura D’Emilio, FPDS-CN).
“Son los que peor la
pasan. Si bien la ayuda primordialmente es hacia ellos, en todos los barrios
hay niños sin ropa, pasando frío, hambre. En muchos lugares que nosotros
llegamos vimos que algo podemos dejar pero sabemos que quieras o no, necesitan
más ayuda. Son los que peor la han pasado.” (Agustín Santarelli, Ariel Frate,
Juventud Guevarista).
La ausencia de una mirada específica sobre la problemática de la niñez
– ausencia que inclusive se evidencia al interior de las propias organizaciones
de base – conduce a que las respuestas políticas frente a la emergencia hayan
pasado por alto necesidades primordiales de este grupo poblacional y,
obviamente, que sus intereses hayan sido pasados completamente por alto y su
voz ignorada en el tratamiento posterior a la tragedia.
6.
¿Y ahora qué hacemos? El déficit de información y comunicación para
actuar frente a la emergencia.
Otro aspecto relevante para remarcar es el mal manejo de la
información durante los días posteriores a la inundación. Según la Organización
Panamericana de la Salud, en una situación de emergencia la información es muy
importante para la toma de decisiones y para poder brindar una respuesta
oportuna, rápida y adecuada a las personas afectadas por el desastre. A su vez
la información es esencial en la evaluación de daños y necesidades, facilita la
coordinación y la toma de decisiones en situaciones de emergencia.
Las situaciones de desastre o emergencia grave suelen traer consigo
caos y confusión. Los mecanismos habituales de gobierno y gerencia de las
instituciones se alteran produciendo obstáculos y dificultades para obtener y
generar información. Es muy probable que durante las primeras horas del
desastre la información no sea abundante ni muy fiable. En esa etapa, el mayor
desafío es garantizar que la información que circula sea clara y que refleje
las necesidades prioritarias de la población afectada. El segundo gran desafío
es que la información se produzca y actualice con frecuencia.
A la luz de la complejidad que representan los desastres se torna
imprescindible analizar las capacidades existentes en la región para abordar la
situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en términos de
fortalezas y debilidades. El nivel de intervención es múltiple y debe
realizarse de manera integrada y articulada en relación a los actores
involucrados para que la toma de decisiones recoja las variables y factores que
intervienen en todo el proceso. Integrar la gestión de riesgo de desastres en
el sistema de políticas públicas, a efecto de trascender la referencia a
servicios aislados de salud y educación histórica, sin determinar su rango de
política social básica, es uno de los desafíos más importantes que atraviesan
los Estados.
Los documentos formales
que ratifican compromisos e informan sobre procedimientos acordados, dirigen y
consolidan las acciones conjuntas para la intervención frente a los desastres.
Siendo así los protocolos de
actuación deben estar formalizados, difundidos y asumidos por los actores
involucrados y asignados los recursos para su efectivo desarrollo. Es
recomendable que el establecimiento de protocolos esté acompañado por procesos
de capacitación y formación de funcionarios públicos que puedan ponerlos en
marcha y los promuevan
La ejecución de políticas
públicas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y la atención
prioritaria de los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y la emergencia
debe estar acompañada de instrumentos económicos que efectivamente viabilicen
estas acciones.
En la ciudad de La Plata la confusión primó por sobre la planificación
y coordinación. Los consejos sobre salubridad fueron contradictorios,
circularon muchos rumores de bandas que saqueaban casas instaurando miedo en la
población, y una vez establecidas las medidas no se realizó una difusión
adecuada de los mecanismos para acceder a ellas.
“… y nos
preguntaban “¿De dónde sacamos medicamentos?” y no teníamos idea, porque lo
principal que está faltando son medicamentos. (…) La gente de salud no salió al
barrio, por lo menos no es lo que se vio, los vecinos tampoco tienen
información de cuáles son los planes que están dando o los subsidios a los que
pueden acceder a partir de ahora si fueron damnificados. Esa información no
circula, porque si no tienen los medios para acceder a eso, no pueden hacerlo,
y no hay información sobre eso tampoco. Y nosotros sabemos lo que vamos
escuchando. Sabemos que hay como una serie de créditos, pero eso es para
personas que hacen el certificado de damnificado y que tienen recibo de sueldo.
Pero acá ¿quién va a tener recibo de sueldo? (…) Y tampoco la delegación se
acercó a nosotros para informar esto. Como Garabatos Colectivos no pudieron
recurrir a ninguna institución de Estado en este momento. Fuimos a la salita, y
había un enfermero que estaba ahí, no tenía ni idea, estaba cumpliendo sus
horas de trabajo, pero estaba ahí.” (Marina Cabral y Lorena
Torno, Garabatos de la Aceitera en FPDS-CN)
Como ya dijimos, la vinculación de las organizaciones con los habitantes
de diferentes territorios, permitió una refuncionalización de sus estructuras
organizativas en función de las nuevas necesidades surgidas de la catástrofe.
Es por ello que según lo observado por nuestros entrevistados, diversas
organizaciones de la sociedad civil colaboraron en la organización de la ayuda
solidaria.
Podemos enumerar organizaciones relacionadas con estructuras políticas,
como el Polo Obrero, Praxis, Partido Comunista. Movimientos de desocupados como
la CTD Aníbal Verón, organizaciones como María Claudia Falcone, Justicia y
Libertad, Movimiento Evita.
Por otra parte hubo presencia de las Sociedades de Fomento, Centros de
colectividades nacionales, Clubes u organizaciones como el Hogar del Padre
Cajade. También de Programas de Extensión de la UNLP que desarrollaban
actividades previamente en diferentes puntos de la ciudad.
A la vez que diversas ONG y Asociaciones como de ex combatientes, ONG de
Cartoneros de
Altos de
San Lorenzo o Cruz Roja. Finalmente muchas parroquias y colegios confesionales
ofrecieron ayuda. En este sentido desde una de las organizaciones se destaca:
“Entre
las organizaciones sociales del campo popular hubo muchísima solidaridad y muchísimo
trabajo conjunto a la hora de definir el lugar de trabajo, a la hora de
pasarnos datos de lugares a donde se
podían ir a buscar cosas para distribuir, a la hora de enviar militantes
desde otros lugares del país para que vengan dar una mano, desde otras
organizaciones. Eso fue muy lindo verlo, y también poder coordinar en los
territorios, dividámonos así, nosotros trabajamos acá y ustedes trabajan acá y
ustedes allá para poder llegar a más gente. Algo que por ahí caracteriza a las
disputas territoriales, se vio bastante diluido, y primó el espíritu solidario
por sobre el interés propio o las mezquindades de cada una de las
organizaciones, eso creo que fue muy valorable. Y creo que puede ser el
comienzo de un salto cualitativo en muchas organizaciones.” (Facundo Ramos, FPDS-CN).
En la práctica, a partir de las necesidades que las propias
organizaciones fueron encontrando en el territorio se generaron coordinaciones
entre espacios. Pero desde las agencias estatales no se gestó una coordinación
de la ayuda solidaria para complementarla con la (deficiente) asistencia. Ni el
Comité de Crisis ni los funcionarios ofrecieron una estructura organizativa que
articulase los esfuerzos dispersos de los voluntarios.
“Nosotros
con el Estado intentamos tener reuniones con reclamos puntuales, pero no nos
dieron ninguna respuesta. Ayer, anteayer fuimos a reclamar como organización
social, algún tipo de pedido al Municipio y Desarrollo de Provincia y no hemos
recibido ningún tipo de respuesta” (Laura D’Emilio, FPDS-CN)
“Quedó a
la luz que los que realmente conocen el territorio y saben cómo entrar a los
barrios son las organizaciones y se vio una incapacidad de la Municipalidad
para poder planificar y coordinar cualquier tipo de estrategia. Ni conocían las
organizaciones que están trabajando. Era un desastre.” (María
Emilia Nieto y María Amparo Torres,
Surcos)
“La
articulación fue espontánea, entre comillas. Fue organizada, pero fue surgiendo
de nosotros mismos porque no hubo ninguna centralización del Estado municipal.”(Agustín
Santarelli, Ariel Frate, Juventud Guevarista)
Esta incapacidad para gestionar en conjunto con la sociedad civil por
parte de las agencias estatales marca una grave deficiencia, ya presente en las
dificultades de actuación de ámbitos como el Consejo Local de de Promoción y
Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
Al mismo tiempo que la falta de coordinación entre agencias estatales
tampoco se había generado en otro de los institutos creados por la ley 13298,
la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del
Niño.
Esta según dicta la letra de la normativa, tendría como misión la
coordinación de las políticas y optimización de los recursos del Estado
provincial, para asegurar el goce pleno de los derechos del niño, que
funcionará a convocatoria del Presidente. Esta Comisión nunca presentó una
regularidad en su funcionamiento, reuniéndose no más de una vez al año en el
Teatro Argentino y generando algunas jornadas temáticas en el interior de la Provincia.
Entendemos que la falta de coordinación y planificación previas
co-adyuvaron para dificultar una respuesta inmediata y de calidad ante la
inundación.
Estas acciones y omisiones estatales impulsaron la situación de
vulnerabilidad social en la que se encuentran grandes segmentos de la población
en la periferia de la ciudad. La inundación, agravó la situación de precariedad
de muchas familias y dejó a la luz la ineficacia de la gestión de la asistencia
estatal y la ausencia de una política integral de derechos humanos.
7. Niños, Niñas y Adolescentes como Agentes de Cambio
El fortalecimiento y consolidación regional a favor de la niñez y la
adolescencia frente al riesgo y los desastres y la implementación de protocolos
de actuación que focalicen las acciones hacia una atención prioritaria hacia
ellos, resulta un imperativo ético para los Estados, los organismos regionales
e internacionales, más aún si consideramos que la situación de emergencia
habitacional en la Provincia de Buenos Aires tiene sus orígenes en una
secuencia histórica de políticas y programas que no han tenido sostenibilidad
ni sustentabilidad y que se erigieron en multiplicadores de la vulnerabilidad
que pretendían solucionar.
En este sentido, la vivienda digna, es un concepto jurídico que está
estrechamente vinculado a una realidad que implica, en primer lugar, brindar
amparo y producir inclusión por parte del Estado local, obligación que tiene
expreso reconocimiento en el orden internacional de los derechos humanos, y el
en orden constitucional. El marco jurídico local, como se señaló en el capítulo
pertinente del presente, se expresa en normas imbuidas de un fuerte
constitucionalismo social.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años sustenta
un criterio más pragmático sobre los derechos económicos, sociales y
culturales, que puede resumirse así: “La
Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica que, en cuanto
reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios...”
(F.327:3688). Por otro lado, como
recientemente ha sabido sostener la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires en el fallo "B., A. F. c/
Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad
de Ley (A-70138)” de fecha del 03/07/2013[26], “(…) la justicia social debe llegar antes y
no después de la justicia judicial"
Así mismo, los denominadores comunes a todos los asentamientos urbanos y
las erradicaciones y relocalizaciones ha puesto en evidencia la falta de
políticas que visualicen la verdadera dimensión del problema que emerge de la
falta de vivienda digna y adecuada.
La inclusión implica garantizar la igualdad en justicia y equidad, la no
discriminación, la dignidad y brindar previsibilidad en la vida de los
ciudadanos, y seguridad en el sentido más amplio en el goce de los derechos
humanos básicos.
Por otra parte, en el Proyecto de
Ley de Acceso justo al Hábitat, se han dado como fundamentos las siguientes
aseveraciones:
Teniendo en cuenta que el
Estado es un actor privilegiado en la construcción de la ciudad y en las
condiciones sociales de su apropiación mediante la elaboración de políticas
habitacionales, se destaca, como principio guía de una política correctiva de
los problemas del hábitat popular en la provincia, la necesidad de reconocer
que el problema no es un mero problema de vivienda sino uno de mayor
complejidad. Las dificultades de los residentes de villas y asentamientos para
lograr trascender la “ciudad informal” y alcanzar la inclusión en la formal,
indican que las políticas de vivienda excluyentes de miradas integrales sobre
el hábitat y la integración social, no logran resolver los problemas de
segregación espacial-social. De esta manera, el problema no es meramente
técnico, sino centralmente político y demanda una activa participación
comunitaria para su solución. (Ley 14.449. S/ reglamentar)
Como parte de las directrices generales para la construcción de una
política de vivienda y hábitat se establece la incorporación y la
revalorización de las experiencias organizativas y las prácticas de los
sectores populares estimulando los procesos de autogestión del hábitat a través
del cooperativismo y de otras formas asociativas apoyando la investigación,
experimentación y desarrollo de tecnologías apropiadas a dichos procesos. Esto
es así porque se requiere una gestión democrática, entendida como un proceso de
toma de decisiones que asegure la participación activa, protagónica,
deliberante y autogestionada de la comunidad en general y de los ciudadanos en
particular, y en especial de las organizaciones o asociaciones civiles que
fomenten el acceso al hábitat y a la vivienda[27].
Para ello deviene necesario que los organismos públicos adopten las
medidas necesarias a fin de garantizar el acceso y consulta a la información
para asegurar la participación efectiva de la población en las instancias de
planificación y gestión del hábitat.
De esta forma, resulta indispensable para la operativización del derecho
a la vivienda el relevamiento de barrios y asentamientos para su integración
sociourbana.
En este sentido el Poder Ejecutivo, los municipios y las empresas
prestadoras de servicios públicos, deben priorizar en sus planes de obra e
inversión aquellas destinadas a las mejores de las condiciones de hábitat de
los sectores de menos recursos.
Ello debido a que se observa que pese a los avances en la ejecución y
realización de soluciones habitacionales y de infraestructura social, ha
aumentado el déficit de suelo urbano y viviendas para sectores sociales medios
y bajos. Asimismo se ha acrecentado y densificado la población que vive en
villas y asentamientos.
Por otra parte, se ha producido una fuerte concentración de la renta
urbana que se materializa a través de la realización de prácticas especulativas
por parte de los desarrolladores y propietarios, lo cual da como resultado una
gran cantidad de inmuebles deshabitados y de inmuebles baldíos aptos para ser
edificados, pero que se encuentran retenidos al aumento del valor del suelo.
La situación generada indica que resulta insuficiente encarar el
problema con meras políticas de construcción de vivienda social a través de
empresas constructoras y se impone intervenir prontamente en el mercado de
suelo urbano.
Se deben generar instrumentos legales y de gestión del suelo en todos
los niveles de gobierno, estableciendo como regla principal la justa
distribución de las cargas y beneficios que produce el crecimiento de las
ciudades.
La tierra en general se valoriza por la acción estatal y no por la del
propietario, por ello el Estado está obligado a recuperar parte de ese
incremento para la sociedad.
A pesar del reconocimiento normativo de los derechos económicos,
sociales y culturales no se ha podido lograr la realización plena del derecho a
la tierra y la vivienda digna, ya que la oferta de dichos bienes fundamentales
opera casi exclusivamente con la lógica del mercado.
Como consecuencia de esto, las ocupaciones de tierras y viviendas
constituyen en la historia reciente la forma de acceso más común de acceso al
suelo para los sectores populares.
En general, se observa que,
en nuestra región, la institucionalidad responsable de coordinar las acciones
gubernamentales en cada Estado para la atención de la población afectada
prácticamente no visibiliza a la niñez y adolescencia como un grupo que
requiere acciones específicas y especializadas.
En este sentido, entendemos que para el sostenimiento y movilización de
acciones resulta imprescindible considerar el enfoque de derechos de forma
transversal en toda estrategia, política y decisión orientada a la intervención
sobre el riesgo y desastres referida a niños, niñas y adolescentes.
Su implementación en estos
casos, depende de las estrategias dirigidas a la articulación
interinstitucional, las acciones que efectivamente logren hacer visibles las necesidades
prioritarias de niños, niñas y adolescentes y la continuidad de los procesos
que den cuenta de alianzas internacionales sólidas que potencien y consoliden
las capacidades nacionales. El rol de los organismos internacionales y
regionales resulta muy significativo a los efectos de hacer visible y
contribuir a la realización de un enfoque integral de la gestión de riesgo de
desastres en favor de los niños, niñas y adolescentes.
El nivel de acuerdos políticos y consensos deben verse reflejados en asignaciones
presupuestales y en la colocación y sostenimiento del tema en las agendas
públicas. Incrementando el involucramiento de los diferentes actores a través
de políticas integrales que favorezcan e impulsen la coordinación y
articulación entre las autoridades, el nivel sectorial, la sociedad civil, las
instituciones de ayuda humanitaria, las comunidades, las familias y los propios
niños, niñas y adolescentes.
Explicitar a los niños,
niñas y adolescentes como una población vulnerable significa que se encuentran
en una posición desfavorable para hacer valer sus derechos por sus propios
medios. Subyace la realidad que, si bien en el plano formal los derechos están
consagrados y reconocidos, en la práctica no están dadas las condiciones para
garantizar su efectivo ejercicio. En circunstancias de desastre, esta
vulnerabilidad intrínseca se ve agravada.
Los efectos tanto físicos (propensión a enfermedades, a heridas, golpes)
como psicológicos (shock, traumas, vivencias de duelo o separación de sus
referencias adultas y su hábitat) determinan secuelas que, para su etapa de desarrollo, pueden tener
consecuencias importantes en el resto de su vida aumentando a su vez el nivel
de vulnerabilidad.
La protección focalizada y
explícita de la primera infancia, reconociendo las atenciones particulares
propias de la edad, el desarrollo de estrategias de educación/sensibilización
para niños y niñas en edad escolar que les permitan replicar valores de la
gestión del riesgo de desastre orientado hacia una cultura de la prevención, y
la incorporación de estrategias que promuevan la participación e
involucramiento de los adolescentes en las tareas de preparación, gestión de la
emergencia y recuperación significan proteger sus derechos y garantizar su
bienestar.
8.
Conclusiones
Siguiendo el objetivo de este
informe de evaluar de manera crítica el modo en que la falta de implementación
del Sistema de Promoción y Protección
Integral de Derechos de la Niñez
(SPPDN) profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en
el partido de La Plata, creemos necesario resaltar algunas conclusiones a raíz
de los hechos relatados y presentar un conjunto de propuestas.
1) Los daños sufridos con el
temporal del 2 de abril se relacionaron directamente con los grados de
vulnerabilidad preexistentes, vinculados con:
a) La falta de acceso a la vivienda digna y al hábitat justo como
resultado de los procesos de segregación espacial ocurridos en las últimas
décadas y la instalación de las poblaciones más vulnerabilizadas en zonas inundables.
b) El nivel-socio económico de las poblaciones afectadas que se
vinculó directamente con la posibilidad de recuperación económica en el mediano
plazo y el acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación y la
asistencia.
2) La respuesta estatal
develó déficits institucionales preexistentes:
a) Un ejemplo de ello fue el uso de la fuerza policial como primera
medida para el control territorial, priorizando el cuidado de la propiedad por
sobre el cuidado de las vidas.
b) También se verificó el insuficiente servicio público de salud y
educación que no pudieron brindar un servicio homogéneo en todo el territorio ni
reconfigurar sus funciones en pos de las nuevas necesidades.
c) Nuevamente se llevó a cabo de manera discrecional y a través de los
punteros barriales, la asistencia estatal.
d) Se constató la ausencia de los órganos específicos creados para dar
respuesta y articular los recursos ante situaciones de emergencias.
e) En relación a la comunicación durante el desastre e inmediatamente
posterior a él, la batería de publicidades oficiales tendientes a contrarrestar
las críticas hacia el ejecutivo municipal se centraron en el ofrecimiento de
información sobre futuras obras a realizar, omitiendo información útil para los
damnificados.
3) Ante la irregularidad de
la asistencia estatal, las organizaciones de la sociedad civil cumplieron un
papel fundamental en la distribución de la “ayuda solidaria”. En este sentido
encontramos una incapacidad previa por parte de las agencias estatales de coordinar
y planificar, lo cual dificultó aún más la puesta en marcha de respuestas
inmediatas y efectivas para las víctimas de la inundación.
4)
La ausencia de una mirada específica sobre la problemática de la niñez –
vacancia que inclusive se evidencia al interior de las propias organizaciones
de base – condujo a que las respuestas políticas frente a la emergencia hayan
pasado por alto necesidades primordiales de este grupo poblacional y,
obviamente, que sus intereses hayan sido dejados de lado, tanto como ignoradas
sus voces en el tratamiento posterior a la tragedia.
Considerar a los
niños, niñas y adolescentes como una población vulnerable, significa entender
que se encuentran en una posición desfavorable para hacer valer sus derechos
por sus propios medios. Si bien en el plano formal los derechos han sido
consagrados y reconocidos, en la práctica no se encuentran dadas las
condiciones para garantizar su efectivo ejercicio. En circunstancias de
desastre, esta vulnerabilidad intrínseca se ve agravada.
Los efectos tanto físicos (propensión a enfermedades, a heridas, golpes)
como psicológicos (shock, traumas, vivencias de duelo o separación de sus
referencias adultas y su hábitat) determinan secuelas que, para su etapa de
desarrollo, pueden tener consecuencias importantes en el resto de su vida,
aumentando su nivel de vulnerabilidad.
La protección focalizada y explícita de la primera infancia,
reconociendo las atenciones particulares propias de la edad, el desarrollo de
estrategias de educación/sensibilización para niños
y niñas
en edad escolar que les permitan replicar valores de la gestión del riesgo de
desastre orientado hacia una cultura de la prevención, y la incorporación de
estrategias que promuevan la participación e involucramiento de los adolescentes
en las tareas de preparación, gestión de la emergencia y recuperación,
significan promover y proteger sus derechos y garantizar su bienestar.
En base a las conclusiones arribadas, proponemos:
1) El fortalecimiento y
consolidación de las instituciones provinciales y municipales a favor de la
niñez y la adolescencia, principalmente implementando de manera inmediata el
Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la puesta
en marcha de la Comisión Interministerial para promover políticas públicas
universales y de calidad para toda la niñez de la región.
2) La implementación de protocolos de actuación que
focalicen las acciones hacia una atención prioritaria de la niñez frente al
riesgo que implican desastres como los vividos el pasado 2 de abril. Para ser
efectivos, dichos protocolos deben:
a) Ser construidos en diálogo con
las organizaciones de la sociedad civil y deben promover estructuras
territoriales y un trabajo en red entre organismos estatales y no estatales.
b) Contemplar el interés superior
del niño y su derecho a ser escuchado a la vez que promover su participación
activa en la resolución de conflictos.
c) Convocar a todos los agentes
estatales responsables de garantizar el acceso a los derechos humanos de la
niñez y principalmente a los agentes de ejecución: Secretaría de niñez y
Adolescencia de la provincia y Dirección de Niñez Municipal.
d) Incluir y ubicar a la escuela en
un lugar primordial entendiendo que es esta la institución con mayor incidencia
en la vida de los niños, niñas y adolescentes y con mayor ramificación
territorial, para lo cual se debe capacitar a sus agentes y proveer los fondos
necesarios para ejecutar dichas políticas.
e) Ser acompañados por una
estrategia de difusión y comunicación para la actuación comunitaria en las
instancias de gestión del riesgo: preparación, prevención, respuesta y
recuperación.
La
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP agradece la valiosa colaboración de
cada una de las personas entrevistadas.
[1] Miembros del equipo del Programa Niñez Derechos Humanos y Políticas
Públicas: Bianco, Carola; Belaunzarán, Lucía; Carmona, Alfonso; Lambusta,
Damián, Menestrina, Martín; Pagano Sebastián;
Pérez Cazenave, Ligia y Talamonti, Paula.
[2] Promulgada el
14/01/2005 y publicada en el Boletín Oficial el 27/01/2005.
[3]
Entre ellas, cabe destacar a título de ejemplo,
el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado”), el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“1. Cuando se trate de un Estado parte
constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte
cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con
respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la
jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de
esta Convención. 3. Cuando dos o más
Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de
asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las
disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo
Estado así organizado, las normas de la presente Convención”), el artículo
28° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
artículo 50° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Las disposiciones del presente Pacto serán
aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin
limitación ni excepción alguna”).
[4]
Entre otros, sobresalen: CSJN, Fallos 323:3235,
24/10/2000, “Campodónico de Beviacqua Ana c/ Min. Salud – Sec. Programa de
Salud y Bco. de Drogas Neoplásicas” (“Que
el Estado nacional ha asumido, pues, compromisos internacionales explícitos
encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la
minoridad y no puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la
inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas
participan de un mismo sistema sanitario y lo que se halla en juego es el
interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras
consideraciones por todos los departamentos gubernamentales (art. 3°,
Convención sobre los Derechos del Niño, ya citada)”, Considerando 21°;
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorria,
Reparaciones (art. 63(1) Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Sentencia de 27 de agosto de 1998, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 39, párr. 46. Ver
asimismo, Corte I.D.H. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de 7 de julio de 2004, Medidas Provisionales, Respecto de la República
Federativa del Brasil, Caso de la Cárcel de Urso Branco, Voto concurrente del
Juez A. A. Cançado Trindade. (“Según una
jurisprudencia centenaria y que no ha variado hasta ahora, un Estado no puede
alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación
internacional”), en sentido similar ver: Comité de Derechos Humanos,
“Lindgren y otros v. Sweden”, Comunicación No. 298/1988, U.N. Doc.
CCPR/C/40/D/298/1988 (1990); Comisión IDH, Informe Nº 35/01, Caso 11.634,
Jailton Neri Da Fonseca, Brasil, 22 de febrero de 2001, párr. 13, Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2000, OEA/Ser./L/V/II.111,
doc. 20 rev., 16 abril 2001; Informe Nº 10/0, Caso 11.599, Marcos Aurelio De
Oliveira, Brasil, párr. 21, Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, 1999, OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 3, 13 abril 2000 e Informe Nº
24/98, Caso 11.287, João Canuto De Oliveira, Brasil, 7 de abril de 1998, párr.
42. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997,
OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6, 17 febrero 1998.
[5]
CSJN, “ATE
c. Municipalidad de Salta”, 18/06/2013.
[6] CSJN,
“ATE c. Municipalidad de Salta”, 18/06/2013.
[7]
En este sentido, algunos autores llegan al extremo de sostener que “Si
existen individuos o grupos dentro de la sociedad que (en los hechos, aún si de
un modo no buscado) se encuentran excluidos de modo persistente y sistemático
de la participación en la vida política, y de los bienes materiales,
normativamente excluidos en cuanto a que el tratamiento que reciben por parte
de las leyes e instituciones existentes no reflejase un genuino cuidado hacia
ellos como
miembros de una comunidad de valores, y
lingüísticamente excluidos en tanto que la voz
del derecho (la voz a través de la cual la comunidad le habla a sus miembros en
el lenguaje de los valores compartidos) les resulta una voz extraña que no es
ni podría ser de ellos, luego la idea de que ellos se encuentran, como
ciudadanos, atados a las leyes y que deben responder a la comunidad, se
convierte en una idea vacía. Las fallas persistentes y sistemáticas, las fallas
no reconocidas o no corregidas en lo que hace al trato de los individuos o
grupos como miembros de la comunidad, socava la idea de que ellos se encuentran
atados por el derecho Ellos sólo pueden sentirse atados como ciudadanos, pero tales
fracasos les niegan, implícitamente, su ciudadanía, al negarles el respecto y
consideración que se les debe como ciudadanos”, Duff,
Antony, “Punishment, Communication, and Community”, Oxford: Oxford University
Pres, 2001, págs. 195/196, ver Gargarella, Roberto “Injusticia Penal,
Injusticia Social” en Gargarella Roberto (coord.) El Castigo Penal en
Sociedades Desiguales, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2012, pág.
125.
[8] Se
contemplan los casos de desalojo donde el número de familias oscila entre 20 y
200 casos.
[9]
lanc Altemir, Antonio, “Universalidad, indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos a los cincuenta años de la Declaración
Universal”, La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta
años de la Declaración Universal, Universitat de Lleida-Tecnos-ANUE, 2001, pág.
31. En este sentido, se observa que “La interdependencia comprende, al
menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s)
para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente
dependiente para su realización. En este
sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de uno de los derechos
impactará en el otro (s) y/o, viceversa. De tal forma que la protección del
derecho a la salud no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos
condicionantes, como la alimentación y el acceso al agua” (cfr. Vázquez,
Luis Daniel y Serrano, Sandra (2011), “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, en Carbonell, Miguel y
Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo
paradigma, IIJ-UNAM, México, pág. 153.
[10] BUSSO, Gustavo (2001) Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para
Latinoamérica a inicios del siglo XXI. CEPAL.
[11] SOLDANO, Daniela (2008) Vivir
en territorios desmembrados. Un estudio sobre la fragmentación socio-espacial y
las políticas sociales en el área metropolitana de Buenos Aires (1990-2005)
en ZICARDI, Alicia (Comp) Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas
formas de exclusión social. Bogotà. Siglo del Hombre Editores.
[12] GROISMAN, Fernando (2009) Segregación
residencial socioeconómica en Argentina durante la recuperación económica
(2002-2007) DOCUMENTOS DE TRABAJO IELAT; Lugar: Madrid; Año: 2009 p. 1 - 22
[13] Notas
del El Día, “Son 48 los muertos por el temporal y la Ciudad fue declarada Zona
de Catástrofe por la Presidente” miércoles 3 de abril 2013 y El Día,
“Comunicado de la Comuna sobre la inundación” del miércoles 3 de abril 2013.
[14]
Según datos publicados en El Día “Confirman 51 muertos y 400
evacuados” viernes 5 de abril 2013 y El Día “Tras el temporal, se estiman
pérdidas por 2600 millones de pesos” del sábado 6 de abril 2013.
[15] Según datos del Censo 2010, el 6% de los hogares
en el Partido de la Plata no posee provisión de agua dentro de la vivienda, el
29% no posee desagüe cloacal, y el 23% no posee acceso a la red de gas. Según
estimaciones del INTI a partir de la EPH
en el 2008 había un 14,4% de la población por debajo de la línea de pobreza en
la región.
[16]
En este sentido, el Decreto N° 152/2013 publicado en el Boletín
Oficial con fecha del 16/04/13 luego de declarar el estado de emergencia por
180 días en su artículo 1°, procede en su artículo 5° a: “Eximir del pago
del impuesto inmobiliario de la planta urbana edificada
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes del tributo
respecto a los inmuebles ubicados en los partidos mencionados en el artículo
1°”. Según el Diario El Día
para acceder a un crédito de 50 mil pesos es necesario tener ingresos por 12
mil pesos mensuales. “Ajustan exigencias para créditos del Provincia por la
inundación” del día viernes 19 de abril 2013.
[17]
Se relevaron todas las noticias relacionadas
con la inundación en la Ciudad de La Plata entre los días 2 y 9 de abril, de los diarios: Pagina /12,
Clarín y El Día.
[18]
Diario El Día, “Más de 400
efectivos participan del operativo especial de seguridad”, Miércoles 3
de abril 2013.
[19]
Pagina/12, “Son 48 los muertos tras el
temporal en La Plata” miércoles 3 de abril 2013
[20]
Pagina/12, “Son 48 los muertos tras el
temporal en La Plata” miércoles 3 de abril 2013
[21]
El Día, “Lo que dicen las autoridades”, miércoles 3 de abril 2013
[23]
Según declaraciones realizadas en La Comisión
Especial de Investigación y Estudio de la Emergencia Hídrica 2013 del Concejo
Deliberante, Martorelli sostuvo que el responsable de tomar decisiones
declarada la alerta roja era el intendente que se encontraba fuera del país sin
licencia. Telam, “El municipio de La Plata sólo contaba con tres botes para
asistir a vecinos el día del temporal” 24 de abril 2013.
[24] AUYERO, Javier (2002) Clientelismo político en Argentina: doble
vida y negación colectiva. Perfil latinoamericano 20. 33-52.
[25] MAZZEO, Miguel (2004) Piqueteros.
Notas para una tipología. Buenos Aires. FISYP- Manuel Suárez Editor
[26]
En el cual se condenara a la Provincia de Buenos Aires y a la
Municipalidad de La Plata a la entrega de una vivienda adecuada para una
familia constituida por una madre y cinco hijos menores de edad:
[27] Resulta esclarecedor destacar en este sentido que el
carácter epistémico de la democracia como método imparcial de toma de
decisiones se potencia si todos aquellos que pueden legar a ser
afectados por una decisión han participado en la discusión y han tenido la
misma oportunidad de expresar sus intereses y de justificar públicamente su
propuesta respecto de la solución del conflicto, dicha solución se presentará,
generalmente, como imparcial y moralmente correcta, siempre y cuando todos la
hayan aceptado libremente y sin ningún tipo de coerción alguna (cf. Nino,
Carlos Santiago, “The Constitution of Deliberative Democracy”, Yale University
Press, 1996)
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